Análisis
José Luis de la Cruz Gallegos *
El Universal
El proceso electoral está dejando saldos que aún son difíciles de cuantificar. Las instituciones electorales han sido puestas a prueba y todo parece indicar que no saldrán airosas. La falta de acciones preventivas y correctivas ha propiciado que durante las siguientes semanas el IFE, y después el TRIFE, intenten justificar cómo las irregularidades y la inequidad no influyeron en el resultado. Pronto veremos el grado de éxito que tendrán en ello, pero de momento los cuestionamientos crecen.
No obstante que el análisis de lo anterior es interesante, es relevante revisar las primeras propuestas que surgieron unas horas después de darse a conocer el resultado del PREP y del conteo rápido que realizó el IFE. La afirmación de que se buscaría aprobar reformas estructurales para que el nuevo gobierno impulse el crecimiento y desarrollo fue un mensaje para la sociedad: el modelo económico no se modificará, es decir, continuaremos inmersos en un esquema que no ha logrado dar resultados en los últimos 20 años.
La potencial aprobación de las reformas fiscal, energética y laboral, a cambio de seguridad universal es una moneda de cambio para intentar cohesionar a la ciudadanía en torno a un proyecto que todavía debe superar un conflicto postelectoral creciente.
Además, la propuesta sintetiza el marco conceptual del que se parte: solamente hace falta realizar algunos ajustes al modelo, con los cuales se piensa que todo funcionará mejor. ¿Pero es real tal posibilidad?
El financiamiento de la seguridad universal, de un seguro de desempleo, así como una pensión para adultos mayores no es algo fácil de alcanzar, por lo menos reclama 6 puntos del PIB. Sin embargo, fue un recurso utilizado para buscar posicionar una agenda electoral en un entorno en donde el conflicto postelectoral no se encontraba en el esquema de los estrategas del PRI. El problema es que las encuestas no coincidieron con las cuentas oficiales y que éstas últimas son cuestionadas por la presentación de tarjetas comerciales en donde aparentemente se depositó dinero para invitar a votar por un candidato. Por tanto, el problema no es el de contar votos, sino de garantizar que haya un proceso electoral transparente, que no se cuestione.
Lo anterior influirá en la negociación de la agenda económica, social y política. ¿Qué negociaciones se tendrán que realizar para destrabar este problema y para qué se aprueben las reformas estructurales? Además, existe un aspecto adicional a considerar: ¿Qué pasa si después de todo este proceso no se logra obtener una salida que realmente le proporcione un beneficio a la sociedad, particularmente a la más pobre? Es decir, las instituciones electorales y judiciales pueden avalar la elección presidencial, a partir de ello es posible que se aprueben las reformas, pero que sucede si ello no conduce a la solución de la inseguridad pública, de la creciente pobreza, de la precarización del empleo y de la falta de crecimiento, es decir, si todo cambia para que nada cambie.
El país es una muestra de que un cambio electoral cuestionado no conduce a resultados sustentables, basta recordar los procesos de 1988 y en el año 2006, uno de ellos terminó en la crisis económica, política y guerrillera de 1994, el otro en un periodo recesivo y de incremento de la violencia.
México necesita transitar hacia una verdadera democracia, la cual implique reformas estructurales que transformen la realidad social y económica de las personas, que generen bienestar, para ello se requiere un nuevo pacto social. Se debe evitar la captura del Estado, que se reconozca la necesidad de cambiar las estructuras políticas, económicas y sociales, es momento de reconstruir a la nación con equidad y transparencia.
