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Se pueden argumentar posibilidades de mejorar la evaluación de los profesores: sin duda. Será necesario hacerlo.
Staff
abril 30, 2012, 12:33 pm

Manuel Gil Antón

(Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México)
EL UNIVERSAL

Luego de un sexenio en que la complicidad entre la Presidencia y el poder de facto que ha secuestrado la representación del magisterio llegó a niveles impensables, y habiendo reconocido tanto el presidente Calderón como su homóloga (vitalicia) en la cúspide del SNTE que la alianza que pactaron, lejos de ser a favor de la educación, consistió en un acuerdo de reciprocidad por favores recibidos bien pagados, incluso vergonzosos como la entrega de la Subsecretaría de Educación Básica a un personero de ese grupo de presión, estamos, quizá, en un momento en que la relación, sin rendimientos políticos como antaño, haga posible un gesto de dignidad, de recuperación del mínimo respeto por parte del gobierno en turno como responsable de la educación pública en México.

Se pueden argumentar posibilidades de mejorar la evaluación de los profesores: sin duda. Será necesario hacerlo. Lo que no tiene asidero ético es que, a plena luz del día, luego de firmar al acuerdo para llevar a cabo la primera fase de la evaluación de los profesores en junio, los dueños del SNTE falten sin empacho a su palabra. Nunca condicionaron que la valoración inicial de la capacidad de los maestros pasara por la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE). Durante años, tanto la SEP como el SNTE consideraron incómoda la existencia de una institución que, en materia educativa, no es juez y parte. Apelan a la necesidad de presupuesto suficiente para enmendar las fallas que la evaluación permita ver; la SEP afirma que hay recursos para dotar de espacios educativos relevantes al sector del magisterio que requiera actualización, pero seamos sinceros ¿cuándo ha sido el dinero problema en la relación entre SEP y SNTE? Menuda cantidad de millones, en la opacidad, han pasado por décadas de las arcas públicas a quién sabe dónde.

Son pretextos. No tienen palabra ni valoran la educación: tienen intereses y son adictos al poder.

Han contado con la anuencia de los que, por ley, tienen la responsabilidad de conducir la educación, y la han convertido en materia de trueque. Creyeron que era buen negocio. No: compraron pesos a tostones. Ahora tienen, inesperadamente, una oportunidad de recuperar un poco de decencia. Ceder, o defender la más elemental reserva de responsabilidad política, es el dilema. ¿Habrá una pizca de honorabilidad del otro lado de la mesa? Tercera llamada, tercera. Pronto sabremos si la función ha terminado tan gris como empezó. Negra.

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