Columna Invitada
Alberto Aziz Nassif
El Universal
A la memoria de Dulce Kuri
La impugnación en contra de la elección presidencial avanza. Poco a poco se ha puesto al descubierto la posición que defiende cada sector político, unos piden reconocimiento para el ganador, otros afirman que la competencia fue sucia e inequitativa. Para los que ganaron el proceso del Tribunal Electoral es un mero trámite, para los impugnadores se trata de una exigencia de anulación y justicia.
Para la coalición de izquierda, el triunfo de Peña Nieto se está procesando como una imposición, como una elección que no fue limpia; por lo tanto, piden se anule. Hasta ahora todo este litigio se ha mantenido en la legalidad.
Esta elección mostró las contradicciones del México actual: entre la modernidad y los arcaísmos más atrasados; entre los deseos de cambios y las inercias más aplastantes.
Vivimos el enfrentamiento entre dos ecuaciones, una que suma maquinarias, operativos de gobernadores, dinero público a raudales, impacto mediático y compra de voluntades en los grupos más pobres, frente a otra ecuación que tiene los recursos de la calle y la movilización, las exigencias de transformación y la agenda de un futuro incierto que se traducen en la urgencia de cambios. Cualquiera que sea el desenlace habrá que enfrentar graves problemas nacionales que cada día son más insoportables para las mayorías del país.
De cada posición se siguen diferentes consecuencias, para el PRI la exigencia es de reconocimiento del triunfo para darle la vuelta a la página y preparar la etapa siguiente.
Para los que tienen una postura intermedia, como el panismo, sólo quieren que se sancionen los delitos pero no están de ninguna forma por una anulación. En cambio, para la izquierda o una parte de ella, la única salida parece ser la anulación. Si tomamos en cuenta las complicaciones para anular y las dificultades para probar los famosos expedientes de compra y coacción del voto, lo más probable es que la resolución del Tribunal Electoral se quede en una posición intermedia, sancionar, pero de ninguna forma llegará al extremo de invalidar los comicios.
Uno de los temas de fondo de esta elección, de forma independiente a la solidez con la que la coalición de izquierda logre tener un expediente consistente, es el modo de vinculación política que lleva al intercambio, lo que se conoce popularmente como el fenómeno del clientelismo social.
La base de este intercambio es la enorme cantidad de recursos públicos que van del centro a las regiones dentro de un régimen de regulación estatal opaco. Si a ésto sumamos que México tiene prácticamente a la mitad de sus habitantes en condiciones de pobreza, tenemos la fórmula para la búsqueda de bienes públicos a través de recursos intercambiados por favores. Quizá si nos asomamos a ver cómo votó la ciudadanía, lo que vamos a encontrar es un mosaico de opciones que llevan al clientelismo como una forma dominante de la política del intercambio en México. Sin duda, es un problema para la calidad de la democracia. El clientelismo crece sobre la precariedad, la pobreza, la mala distribución del ingreso y se complementa con la corrupción e impunidad. Estamos metidos en una democracia clientelar, y por eso se puede entender el regreso del PRI a Los Pinos, sin el partido que mejor sabe hacer este tipo de intercambios. No necesariamente todo el voto priísta se comportó de esta forma, pero llama mucho la atención que el PRI gana con mayores márgenes donde hay más pobreza, menos educación y más ruralidad.
En suma, resulta difícil pensar en la invalidez de la elección, entre otras cosas porque la causal abstracta de nulidad ya no existe como tal después de la reforma de 2007-2008, además, porque la misma normatividad complica de forma extrema que los delitos cometidos se penalicen con la tarjeta roja. Habrá que ver qué dice la sentencia del Tribunal Electoral, pero mientras tanto para los movimientos sociales que marcharon por las ciudades del país, el pasado domingo, la elección de Peña Nieto será vista como una “imposición”.
Veremos si los instrumentos legales alcanzan a dar certidumbre a las impugnaciones; veremos si los sectores moderados puedan conducir este proceso de calificación. Si no se logra la certeza jurídica de la calificación la siguiente fase será muy complicada y los grupos más radicales pueden escalar la polarización. Este será el costo de tener una democracia de clientelas, en donde el voto de los pobres se intercambia por un favor…
