Mientras que Pemex otorga 46% de sus contratos de manera directa a sus proveedores, las empresas energéticas de los países que pertenecen a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), lo hacen en 15% con el fin de promover la competencia entre sus proveedores, de acuerdo con el estudio Perspectivas OCDE: México, reformas para el cambio.
Señala que con base en los estudios de referencia de las empresas privadas de países miembros de OCDE, siempre que se adjudican de manera directa los contratos se tiene un sobrecosto que va de 10% a 35% porque no hay competencia.
Carlos Morales, director de Pemex Exploración y Producción, explicó que los análisis de la OCDE probablemente desconozcan los procesos que se realizan en Pemex porque las licitaciones son abiertas a cualquier proveedor global.
En entrevista, dijo que el enfoque de PEP es el de maximizar las inversiones y buscar los mejores proveedores, y en el caso específico de energía las prácticas de Pemex son mucho más competitivas que las que tienen las internacionales.
Actualmente Pemex administra 303 mil 100 contratos, en los cuatro organismos subsidiarios, el corporativo y Pemex International.
El análisis de la demanda futura para Obra Pública prevé una inversión de 227 mil 731 millones de dólares anuales en el periodo 2009-2018 en una total de 731 proyectos de largo plazo.
Pemex tiene más de 4 mil proveedores registrados en su padrón, de estos al menos 450 están relacionados directamente con actividades propias de la industria.
Según el Plan de Negocios de Pemex 2012-2016 las inversiones promedio suman 325 mil millones de pesos, estos montos son obras contratadas, servicios con empresas que las obtienen por invitación, por licitación y adjudicación directa.
Siguiendo los parámetros de la OCDE los sobrecostos que podrían estar contenidos en los contratos van desde 32 mil a 113.75 mil millones de pesos. La OCDE recomienda “luchar contra licitaciones fraudulentas mediante la preparación de un conjunto de datos e indicadores para facilitar la compatibilidad y la posibilidad de evaluarlas en el orden federal, en cooperación con la Comisión Federal de Competencia”.
